Exigen ser atendidos por la Diputada Local Mónica Magaña (MC), quien se retiró del recinto.
Redacción N360.
Los miembros del Consejo de Conductores de Jalisco están decididos a luchar contra la nueva ley de movilidad que recientemente fue aprobada por segunda vez.
Consideran que esta ley, que ahora se ha convertido en una «venganza» del secretario Diego Monraz, es un intento de reclasificarlos como servicio de transporte público en lugar de servicio privado, lo que afectaría negativamente su situación.
César Ricardo Castillo Durón, líder de los conductores de Uber en la región, ha destacado esta preocupación.
En caso de que sus solicitudes sean rechazadas, planean recurrir a acciones legales para declarar inconstitucionales las reformas que perciben como perjudiciales.
Esto incluye la obligación de instalar un sistema de geo-localización (GPS) en sus vehículos, lo que, según ellos, afectaría su patrimonio. También quieren que el gobierno verifique anualmente la presencia de GPS en sus vehículos, lo que consideran una intrusión en su privacidad y una carga burocrática adicional.
Mónica Sánchez, miembro del consejo de conductores y conductora de Uber, señala que la ley propone que el 1.5% del pago por viaje se considere un impuesto. Sin embargo, cuestiona la transparencia en el manejo de estos recursos destinados a la mejora de infraestructura, ya que no se ha visto ningún beneficio tangible. Se recaudaron 133.7 millones de pesos en 2022 sin una rendición de cuentas clara.
Además, exigen que todos los fondos recaudados se destinen a infraestructura y obras viales, como señales de tráfico y reparación de baches, en lugar de ser mal utilizados.
Su objetivo no es oponerse a la regulación para mejorar la seguridad y calidad del servicio, sino luchar contra las incongruencias e inconstitucionalidades de esta reforma que podría afectar negativamente a sus ingresos y la disponibilidad del servicio.
Por último, señalan la intención de la ley de retirar de servicio a vehículos con más de cuatro años de antigüedad, lo que podría eliminar cerca de doce mil vehículos, aumentando los costos debido a la oferta y la demanda.
