Redacción N360.
Más de mil ex trabajadores denunciaron la reducción intempestiva de sus ingresos, medida que atribuyen a la política de austeridad de la 4T y califican como confiscación de derechos adquiridos protegidos por la Constitución.
Señalan que se aplica de forma retroactiva un decreto que limita las pensiones al 50 % del sueldo presidencial, sin haber modificado previamente las leyes secundarias ni el contrato colectivo.
Su defensa jurídica expuso que, además, la empresa ha desacatado órdenes de jueces federales que ordenan mantener el pago íntegro, argumentando recibir “instrucciones superiores”.
Ante ello, anunciaron acciones legales por incumplimiento de los mandatos judiciales.
